Editorial
La República Dominicana no es un país pequeño en aspiraciones, pero sí lo es en territorio y población comparado con muchas democracias consolidadas. Sin embargo, su Cámara de Diputados cuenta con 190 miembros, una cifra que vuelve inevitable la pregunta: ¿está el Congreso sobredimensionado?
La Cámara de Diputados fue creada para representar al pueblo y legislar en su nombre. No obstante, el crecimiento sostenido en el número de diputados no ha ido acompañado de una percepción pública de mayor eficiencia, mayor fiscalización ni mejores leyes. La distancia entre la ciudadanía y el Congreso parece ampliarse mientras el gasto asociado al órgano legislativo continúa generando controversia.
Reducir la matrícula a 32 diputados —uno por provincia y el Distrito Nacional— implicaría una transformación profunda del diseño institucional. Pero también enviaría una señal política poderosa: la de un Estado dispuesto a revisarse a sí mismo.
Los cálculos indican que una reforma de esta naturaleza podría liberar más de RD$1,500 millones anuales si se acompañara de la eliminación de privilegios y exoneraciones. Esa cifra no resolvería el déficit fiscal ni transformaría por sí sola las finanzas públicas de la República Dominicana. Representa menos del 0.1 % del presupuesto nacional. Pero en términos concretos podría traducirse en escuelas, hospitales municipales o inversión social tangible.
El debate, sin embargo, no debe reducirse a pesos y centavos.
El verdadero dilema es estructural: ¿garantiza el número actual de diputados una mejor representación o ha derivado en un modelo costoso con rendimientos decrecientes? ¿Más legisladores significan más democracia, o simplemente mayor fragmentación política?
En el derecho comparado, no existe un país que funcione estrictamente con un diputado por provincia en su cámara baja. Las democracias modernas suelen asignar representación con base en la población. Esto abre otro interrogante legítimo: ¿es viable una fórmula territorial estricta sin afectar la proporcionalidad?
Reformar el Congreso no es un acto simbólico; es una decisión de fondo sobre cómo debe organizarse el poder político. La confianza ciudadana en las instituciones no se recupera con discursos, sino con señales claras de racionalidad, transparencia y eficiencia.
El país no necesita un Congreso más grande. Necesita uno más eficaz.
Con sus grandes excepciones, podemos enfatizar que, en hemos tenido en los últimos años, más vagos que legisladores.
Y esa discusión, tarde o temprano, deberá asumirse con responsabilidad histórica.
