Editorial elsoberanodigitalrd.com
El deber de la ONU frente a las medidas coercitivas contra Cuba
La política de sanciones impuesta por Estados Unidos contra la República de Cuba, vigente por más de seis décadas y profundizada mediante medidas unilaterales recientes —incluidas aquellas dirigidas contra terceros Estados que mantienen relaciones energéticas con la isla— plantea serios cuestionamientos desde la óptica del derecho internacional público y del sistema multilateral.
El bloqueo económico, comercial y financiero ha sido reiteradamente señalado como un obstáculo estructural al desarrollo del país y como una causa directa del deterioro de las condiciones de vida de la población civil. La afectación al acceso a alimentos, medicamentos, combustibles y servicios esenciales configura un escenario que trasciende la disputa política y se inscribe en el ámbito de los derechos humanos, particularmente en lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales.
Desde una perspectiva jurídica, las medidas coercitivas unilaterales, adoptadas fuera del marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contravienen principios fundamentales del orden internacional, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la prohibición del castigo colectivo. Estas prácticas, además, han sido objeto de condena sistemática por parte de la Asamblea General de la ONU, que año tras año ha reclamado, por abrumadora mayoría, el levantamiento del bloqueo.
En este contexto, corresponde a las Naciones Unidas, en virtud de sus prerrogativas institucionales y su mandato de promoción y protección de los derechos humanos, acompañar al pueblo cubano frente a políticas que generan un impacto humanitario prolongado. La organización internacional no puede permanecer ajena ante acciones que limitan el ejercicio pleno de derechos fundamentales y afectan de manera desproporcionada a la población civil.
De igual forma, resulta imprescindible reafirmar el principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho de cada nación a elegir libremente su sistema político, económico y social, sin presiones ni condicionamientos externos. La legitimidad del orden internacional descansa precisamente en el respeto a este principio.
Las voces de cubanos residentes en Estados Unidos que reclaman el fin del bloqueo y de las sanciones refuerzan la idea de que estas políticas no representan una solución, sino una prolongación de un conflicto que ha demostrado ser estéril y contrario al espíritu del multilateralismo.
El desafío para la comunidad internacional, y en particular para las Naciones Unidas, es pasar del pronunciamiento reiterado a una acción coherente con los principios que dice defender: la dignidad humana, la soberanía de los Estados y la solución pacífica de las controversias. Solo así podrá fortalecerse la credibilidad del sistema internacional y abrirse un camino real hacia el respeto pleno de los derechos del pueblo cubano.
Por Manolo Guevara Díaz
Director.
